PABLO PANIZO JANSANA
01 de agosto de 2024

Es cierto que, desde la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, son los Estados y sus empleados los principales responsables de reconocer y proteger la dignidad de todos los seres humanos, como recuerda Unicef. Sin embargo, desde hace 13 años, esta responsabilidad no escapa a las empresas.

En el 2011, se aprobaron los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PREDH) de las Naciones Unidas. En este documento, se destaca “el papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos”, además de “la necesidad de que los derechos y obligaciones vayan acompañados de recursos adecuados y efectivos en caso de incumplimiento”.

Gestionar impactos

En la práctica, los PREDH exhortan a las empresas a gestionar los impactos a los derechos humanos que pueda tener su actividad a lo largo de toda su cadena. La obligatoriedad de cumplir con este pedido de Naciones Unidas viene siendo cada vez más amplio, a medida que es adoptado por legislaciones y políticas públicas en gran parte del mundo, explica Cecilia Flores, presidenta del Instituto Peruano de Empresas y DD. HH. y presidenta de Woman CEO Perú.

La misma OCDE no solo recoge estos principios, sino que posee también sus propias Líneas Directrices para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable, en donde se señala que las compañías deben identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas frente a sus impactos sobre los derechos humanos.

Asimismo, en referencia a las políticas, prácticas y rendimiento respecto a los derechos humanos, entidades como el Global Reporting Initiative (GRI) han desarrollado marcos para el adecuado reporte en las empresas. Se trata de un avance significativo, si se toma en consideración que el GRI es aplicado en más de 100 países, incluido el 75% de las 250 empresas más grandes del mundo, de acuerdo con GRI Standards.

En nuestro país, destaca Flores, “los últimos cinco años han sido importantes para construir institucionalidad empresarial en materia de derechos humanos”. En efecto, en el 2019 se creó el Comité Nacional de Empresas y Derechos Humanos de la CONFIEP, que adoptó este estándar y lo hizo extensivo a los 22 gremios que la conforman. 

“Abordar desde los gremios empresariales la temática, respondiendo a las inquietudes naturales de los directivos ejecutivos y trabajadores de las empresas sobre los alcances y la implementación de la gestión de riesgos en derechos humanos, brindando herramientas para su comprensión, sensibilización y adopción, ha sido el camino adecuado para que los PREDH sean materia de interés sostenible en el tiempo”, asegura la presidenta del Instituto Peruano de Empresas y Derechos Humanos.

Compromiso en crecimiento, aunque aún incipiente

Enfocados en temas financieros y de estrategia, y más recientemente en temas ambientales, las agendas de los directorios en la región no prestan todavía la atención necesaria a los derechos humanos, explica Andrea Pradilla, directora para América Latina del Global Reporting Initiative. “Esta situación puede deberse a varios factores, incluyendo el desconocimiento, la falta de capacitación y la priorización de otros temas en las agendas empresariales”, sostiene.

Sin embargo, la especialista piensa que esta tendencia puede cambiar. 

En el camino de la implementación de la identificación, prevención, mitigación y rendición de cuentas respecto al impacto de las actividades empresariales en los derechos humanos, los criterios ESG son una herramienta fundamental. 

“Una buena gestión ESG debe basarse en un enfoque sólido de derechos humanos que permita identificar de manera precisa dichos impactos. Esto puede traducirse a temas como trazabilidad en cadenas de suministro, salud y seguridad ocupacional, derechos laborales, relacionamiento con comunidades, equidad de género, diversidad e inclusión, entre otros”, explica Pradilla.

Necesidad de un esfuerzo común

Garantizar la defensa de los derechos humanos y respetar a quienes se han visto afectados es fundamental para vivir en democracia, más aún cuando diferentes instituciones internacionales dan cuenta de un retroceso en materia de derechos humanos en el país. Esta realidad perjudica a toda la sociedad en su conjunto, incluido el sector privado. 

“Los empresarios deben ser conscientes de que ese espacio vacío que deja el Estado se les trasladará a ellos de alguna manera, traducido muchas veces en demandas sociales. Por ello, recomendaría tener presente que la gestión de los derechos humanos en la actividad empresarial y la debida diligencia tienen carácter preventivo”, finaliza Flores.

En ese sentido, es primordial entender que los derechos humanos requieren de un esfuerzo común que reúna a Estado, sector privado y sociedad civil organizada, con miras a un país en el que la dignidad de todos y cada uno de sus habitantes sea respetada y valorada.