RICHARD MANRIQUE
12 de junio de 2024

Una nueva visión de la gobernanza social está elevando el estándar en las estrategias de sostenibilidad del sector minero. Las empresas mineras están enfocadas en el desarrollo territorial, que puede abarcar una región o varias, actuando como promotores del desarrollo sostenible. Conversamos con Gonzalo Delgado, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico, sobre este nuevo paradigma, que tiene como principal reto lograr que el Estado tenga una mayor presencia efectiva y reduzca brechas.

¿Cómo observa las estrategias de las mineras en cuanto a gobernanza social?

El mejor modelo de hacia dónde están caminando las empresas mineras está relacionado a la última publicación de Raúl Molina, Carolina Trivelli, Darío Zegarra y Paola Bustamante sobre desarrollo territorial. El libro muestra un cambio de paradigma: nos estamos moviendo del desarrollo comunitario al desarrollo del territorio. Es una mirada mucho más preocupada en ver cómo fomentamos un desarrollo territorial y un desarrollo sostenible que no dependa únicamente de la minería, sino que la minería sea un actor, un catalizador y un facilitador antes que un ejecutor.

¿Existen casos de éxito con ese modelo en el sector?

Quellaveco es un ejemplo. Acuérdate que tuvo objeciones por un problema fundamentalmente del agua. Por eso, empezó un largo proceso de diálogo y participación no solo con autoridades y comunidades directamente del área de influencia directa, sino con literalmente casi toda la región Moquegua para llegar a encontrar una solución y acuerdos de consenso para recién empezar a moverse.

Es un modelo multiactor. 

Quellaveco lo ha hecho de una manera combinada y con parnertships. Ha apoyado al Gobierno Regional de Moquegua en su plan de desarrollo concertado. Ha trabajado con entidades del Gobierno para generar bancos de empleo. Ha trabajado todo lo de “Moquegua crece”. Lo que se está buscando con el modelo de desarrollo territorial es atraer otro tipo de inversionistas y actores, que contribuyan con el desarrollo a través de distintas actividades económicas que no dependan de la minería, pero que gracias a la minería puedan venir. Es un buen camino. Está moviendo mucho el estándar para que el Perú sea realmente un buen modelo de participación, inclusión y desarrollo.

Es un proceso vinculado a la planificación del desarrollo de una región.

Del territorio, en realidad. Ahí hay una distinción: un territorio puede cubrir incluso provincias y distritos de otras regiones. Antamina, por ejemplo, también ha trabajado mucho este modelo de desarrollo territorial. Ha visto el territorio en función de toda el área de trabajo, que va desde donde produce la mina hasta el puerto, y todo el camino de su mineroducto. Entonces, ha trabajado Asociaciones Público-Privadas, asociaciones mixtas, Obras por Impuestos para fomentar un desarrollo sostenible a lo largo de todo ese territorio que va mucho más allá de la delimitación simplista del área de influencia directa e indirecta.

Este modelo necesita principalmente del Gobierno central y subnacional. ¿Cómo evalúa este factor en la coyuntura actual?

Uno de los mayores retos es lograr que haya una presencia efectiva del Estado, porque la minería trabaja en regiones remotas. Si bien estos modelos de Quellaveco y Antamina han hecho mucho para promover mayor participación del Estado, participación no es lo mismo que presencia efectiva, en términos de mostrar resultados o impactos que vayan contribuyendo al cierre de brechas. Vamos a tener que hacer, por ejemplo, una reforma a la ley del canon para que esos fondos generen mejores resultados en las regiones a las que están llegando. En las evaluaciones del canon, solo se ejecuta el 60%. Pero si estuviera bien ejecutado y resultara en una fuerte reducción de brechas, creo que no sería tan problemático. El problema es que esa ejecución también viene acompañada de poca demostración de cierre efectivo de brechas de manera sostenible.

¿Este modelo de desarrollo territorial reducirá la conflictividad?

Sí. Quiero ser optimista. Es un punto de inflexión. Tradicionalmente, cuando se ha dado la conflictividad social, siempre ha sido por más beneficios o compensaciones. Si algo está haciendo este movimiento sobre desarrollo territorial es cambiar el paradigma de la discusión del conflicto social y moverlo más allá de entregar mayores beneficios y compensaciones: está tratando de encontrar cómo generamos un proceso que promueva el desarrollo integral y sostenible de la región o territorio. Al haber mayor desarrollo, mayores oportunidades de ingresos y mayor cierre de brechas, eventualmente creo que la conflictividad baja.

Ahora, el conflicto en sí no es malo. Puedes llegar a tener un consenso y encontrar una solución. Esa teoría de llegar a tener cero conflictos no es adecuada. Lo que debes tener es un sistema para resolver en corto tiempo los conflictos de modo que no suban de intensidad, en vez de llegar a tener conflictos o demandas que se repitan año tras año y vayan escalando en intensidad. Si hablamos de reducir la conflictividad, yo diría que deberíamos ver cómo reducimos la intensidad y la duración de los conflictos. Eso también es cambiar el paradigma de cómo vemos los conflictos.

En el pilar ambiental, ¿a dónde apuntan las estrategias de las mineras?

Hay mucha innovación. Las empresas mineras están viendo cómo pueden utilizar y consumir energía descarbonizada. Es decir, energía alternativa. Por ejemplo, los camiones van a ser todos eléctricos. En el agua también se está trabajando mucho. Las grandes mineras lo demuestran con el mantenimiento y análisis del agua, donde permanentemente están midiendo el agua que usan. Y en mi opinión, la gran minería ha mostrado una alta responsabilidad en ese aspecto. A Quellaveco le tomó 12 años de diálogo permanente, más o menos, para resolver el problema y asegurarse de que no iba a haber conflicto por el agua.

Mencionó la minería artesanal, informal e ilegal. ¿Cómo resolver este problema recurrente?

En el CEMS, hicimos un estudio sobre el proceso de formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE). Ahí hacemos una clara distinción: no hay que confundir la minería artesanal con la minería ilegal y la presencia de grupos criminales que están influenciando sobre todo a mineros en proceso de formalización. La minería artesanal, que actúa dentro del marco de la ley, bien regulada puede proporcionar hasta 1,5% de crecimiento del PIB del país y contribuir a incrementar los ingresos tributarios. Además, emplea a más gente que la gran minería porque es una pequeña minería, menos tecnificada y sofisticada tecnológicamente.

Luego, para la minería en proceso de formalización, creemos que el proceso de formalización ha fracasado. El proceso extraordinario del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) viene desde el 2012 y solo hay 2.500 Reinfo aprobados de los más de 80.000 que están supuestamente inscritos. Considero que hay que crear un proceso integral ordinario del registro. La minería ilegal sí tiene que ser eliminada, y la ley es muy clara para hacerlo. Y hay que trabajar para erradicar a los grupos criminales, que claramente están metidos.

¿La minería ilegal no es contraproducente con las estrategias de sostenibilidad de la gran minería?

Afecta negativamente no tanto la imagen de la minería, sino la imagen del país. El país se vuelve menos atractivo como destino de las inversiones. La gran minería puede ser la más responsable del mundo y hacer un gran trabajo, pero el Estado también tiene que hacer su parte para mantener al país atractivo para los inversionistas. Eso es función del Estado, no necesariamente función de las empresas. Ahí el reto más grande que tenemos en el país es cómo el Estado resuelve más rápidamente el cierre de brechas.