PABLO PANIZO JANSANA
26 de julio, 2023

Los programas de cumplimiento normativo —conocidos también como compliance, por influencia del derecho anglosajón—  buscan garantizar la integridad de la compañía mediante la identificación de riesgos y la configuración de mecanismos preventivos de delitos.

Su utilización en las empresas peruanas se potenció desde el 2017, cuando la Ley n.° 30424 estableció responsabilidades penales para la persona jurídica, en los casos de delitos como corrupción, lavado de activos y soborno trasnacional. Recientemente, en mayo del 2023, la Ley n.° 31740 presentó modificaciones que agregaron 30 nuevos delitos, que pueden incluso abarcar la disolución de las empresas.

“Se han aumentado los delitos por los cuales tú tenías que tener un programa de cumplimiento para exonerar y estaban temas tributarios, de doble contabilidad y una serie de otras normas. Algunos más importantes que otros, pero en general diría que estamos hablando de lavado de activos, corrupción y evasión tributaria: son los tres delitos con mayor riesgo, por los que tienes la obligación de tener programas de cumplimiento”, explica Marco Antonio Saldívar, director independiente en diversas empresas.

A partir de escándalos como Lava Jato o casos internacionales como el de Siemens, las empresas grandes en el país han ido implementando y fortaleciendo sus sistemas de compliance. “El riesgo percibido de que algo que surge al interior de la organización pueda acarrear responsabilidad personal ha crecido en el Perú”, sostiene Beatriz Boza, Socia EY, Líder Regional de Gobierno Corporativo y Familias Empresarias.

A noviembre del 2022, se estimaba que más de mil empresas peruanas habían certificado programas de compliance para luchar contra la corrupción. “Si vemos desde hace diez años hasta acá, se ha avanzado mucho. Y si vemos de acá a diez años, seguro que se habrá avanzado más. Esto es parte de un proceso de herramientas de gestión que van siendo cada vez más robustas y necesarias”, explica Boza.

El papel de la alta dirección

Boza es clara en señalar que la clave para el funcionamiento de cualquier sistema de compliance está en el compromiso de la alta dirección. “Si no hay voluntad política al más alto nivel de la compañía de cumplir con la ley, los sistemas de compliance son solo una letra muerta”, asegura.

Para lograrlo, explica la especialista, se debe partir por contar con el personal idóneo en cada cargo, tanto a nivel competitivo como en cuanto a valores éticos. “Si en la cabeza de la organización tenemos buenas personas, si trabajamos una cultura de la integridad, del servicio, de la excelencia, esa es la inversión más potente que podemos hacer”.

La aplicación de sistemas de compliance ha servido como una especie de manual dirigido a todos los niveles de la empresa, especificando lo que un colaborador o un director puede hacer y lo que no puede hacer. Establecen con claridad qué es delito, logrando despejar dudas y corregir desconocimientos. Saldívar pone como ejemplos prácticas comunes en el pasado, como la compra de bases de datos informales, que guiándose por el compliance quedan prohibidas. 

Una inversión, más que un costo

Por supuesto, la implementación de estos programas de cumplimiento normativo generan costos y obligan a las empresas a un mayor control que puede ser percibido como burocrático y ralentizador de las operaciones. 

Sin embargo, al prevenir la comisión de delitos que pueda haberse cometido al interior de la empresa, los sistemas de compliance funcionan como seguros. “Si tú tienes un vigilante en la puerta o doble seguro, ¿esa inversión cuándo la estás recuperando? En realidad, si no has tenido necesidad de usarlo, ha sido un gasto y no ha pasado nada. Estos programas son exactamente lo mismo: son protectores. Protegen de que no haya nada, porque si hay algo, te puede costar, dependiendo del tamaño, a veces varios millones”, explica Saldívar.

Pese a los avances en materia de compliance en el país, no todas son buenas noticias. Existen algunas sombras a raíz de la reciente aprobación de la Ley n.° 31740, que implica que, si se comprueba que un delito es cometido por un alto ejecutivo, ello no exime de responsabilidades a la empresa. A decir de especialistas como Saldívar, ello podría convertirse en un retroceso para la implementación de estos sistemas en el país.